En los últimos catorce años, España ha tenido tres leyes educativas. Este vaivén en el modelo educativo español, y la incapacidad de los distintos gobiernos y congresos para alcanzar un acuerdo amplio en un tema tan importante para la sociedad, han producido que este lunes la Comisión Europea ponga el grito en el cielo y exija medidas urgentes al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy en esta materia.
En un demoledor informe, Bruselas sitúa a España a la cabeza de la Unión Europea en abandono escolar y uno de los miembros comunitarios que gasta menos y peor en educación.
Poco e ineficaz
Actualmente, el gasto en educación de España es el 4,1% del PIB, uno de los más bajos de la UE y que se ha visto disminuido desde el estallido de la crisis.
La Comisión señala también que este dinero destinado a educación, además de poco, se usa de forma ineficaz, poniendo como ejemplo las “considerables diferencias” en las tasas de matriculación y financiación pública entre comunidades autónomas que “aumentan las desigualdades a nivel nacional”.
Abandono y repetición sin soluciones.
Uno de los principales problemas para la Comisión Europea en la educación española, bien conocido desde hace años, es el alto grado de abandono escolar. Esta tasa, correspondiente a la proporción de jóvenes entre 18 y 24 años que han dejado el sistema sin completar la educación secundaria, se ha reducido levemente en los últimos años, pasando del 21,9% en 2014 al 20% en 2015, aunque sigue siendo de las más entre los 28 de la UE.
El informe del Ejecutivo comunitario señala que, si bien la última ley educativa aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, la LOMCE, se propuso como primera prioridad reducir este porcentaje a través de la nueva Formación Profesional Básica como itinerario alternativo, “tras dos años de funcionamiento, las tasas de matriculación y de transición son bajas, lo que cuestiona la eficacia del programa”.
Otro grave problema para Bruselas es el alto grado de repetición de cursos con un 32,9% en España, muy por encima de la media del 12,4%, lo que agrava en gran medida la desigualdad entre estudiantes y para lo que la LOMCE no plantea ninguna solución.
Recado a las universidades.
Además de para el Gobierno, la Comisión Europea también tiene deberes para las universidades españolas, a las cuales reclama una mayor cooperación entre ellas y el sector privado, así como la revisión de sus sistemas de gobierno y financiación, señalando que tampoco “proporciona suficientes incentivos para la cooperación”.
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